Viernes, 22 de Septiembre del 2017

20.04.2017 | Noticias

Acuerdo para bajar el precio del aluminio primario destinado a la construcción

Los ministros del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio; de Producción, Francisco Cabrera; y de Energía y Minería, Juan José Aranguren; firmaron un acuerdo con la empresa Aluar a fin de fortalecer la competitividad de la producción nacional de aluminio y así impulsar la reactivación y el crecimiento de la construcción y de otros eslabones estratégicos de la industria argentina.


“Hoy tenemos un record histórico de ejecución de obra pública en el primer trimestre, la obra pública está en todos los rincones del país pero sólo es una parte de las obras es pública. El 70% de las obras corresponde a los privados y este acuerdo es una herramienta más para incentivar la obra privada, que además, crea innumerables fuentes de trabajo”, recalcó Frigerio.

En tanto, Cabrera señaló: “Somos un gobierno que viene a hacer los cambios de fondo necesarios para sentar las bases de un crecimiento sustentable para la Argentina. No queremos un Estado que pretenda fijar condiciones arbitrariamente con métodos coercitivos. Creemos que el camino es el diálogo y el trabajo con cada industria para mejorar y establecer reglas claras, mejores y con transparencia. Lo hicimos en Vaca Muerta, con el sector automotriz, con textiles y calzado, con la construcción. El aluminio es un metal clave para el desarrollo de industrias vitales de la Argentina que queremos”.

Por su parte, Aranguren indicó: “Reconocer costos económicos de provisión de energía nos permitirá diversificar nuestra matriz energética y hacer más eficiente y competitiva a la industria nacional”. 

Dicho convenio, en el marco del Acuerdo Sectorial para la Construcción, establece que Aluar, principal productor de aluminio primario del país, reducirá desde hoy en un 14% el precio de este insumo estratégico, que impacta directamente en la estructura de costos de la construcción y de distintas actividades industriales como producción de carrocerías, vagones ferroviarios, autopartes, bicicletas, línea blanca y tubos, entre otras. 

De esta manera, el precio confluirá hacia los valores de paridad de importación. La baja del precio será monitoreada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) y por la Comisión Nacional de Comercio Exterior.

La baja en el precio del aluminio genera incentivos para la creación de 20.000 nuevos puestos de trabajo en la construcción y beneficia de manera directa a 120 PyMEs de distintos sectores industriales nacionales, que fabrican insumos para esta actividad. Por otra parte, en toda la cadena de valor del aluminio primario hay más de 1.500 PyMEs con más de 4.000 empleos directos y 12.000 indirectos que también se benefician con esta medida. 

Régimen para empresa ultra electro intensivas

Además, el Ministerio de Producción y el Ministerio de Energía y Minería se comprometen a impulsar la creación de un régimen especial para empresas ultra electro intensivas, que son aquellas cuyo costo de producción depende de forma determinante del precio de la energía eléctrica. 

Esta medida es clave para asegurar la competitividad del sector durante la transición hacia el restablecimiento del mercado mayorista de energía, previsto para 2020, y así cuidar a los 2.300 empleos del sector.

Durante 3 años, las empresas que ingresen al régimen pagarían una tarifa diferencial – similar a la que vienen abonando desde hace 15 años en un esquema de precariedad jurídica y contractual – con el compromiso de iniciar un camino gradual y previsible de adecuación. 

La tarifa se ajustará a la evolución de los precios internacionales, para evitar que las empresas obtengan ganancias extraordinarias ante la suba del precio del aluminio. 

Asimismo, las empresas perderían el beneficio si la CNDC determina que existen comportamientos no competitivos en el mercado local. Como contrapartida, las empresas deberán realizar inversiones para mejorar su eficiencia energética y diversificar las fuentes de abastecimiento energético. 

A su vez, el Acuerdo para la Reactivación de la Construcción prevé la construcción de 100 mil viviendas para la clase media con una inversión de 150 mil millones de pesos y la consiguiente creación de 100 mil puestos de trabajo.

El acuerdo incluye al Gobierno Nacional, desarrolladores privados, la Cámara Argentina de la Construcción, bancos, y sindicatos ligados a la construcción.